Por Pepe Flores, de R3D | #Boletín16

La bomba estalló y la atención mediática ha estado centrada en el papel de Facebook y Cambridge Analytica en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos y en las votaciones del Brexit de Gran Bretaña. Pero el reportaje del canal británico Channel 4 mostró a otro protagonista que ha quedado fuera de la atención principal: México. Tanto las declaraciones de Alexander Nix, exdirector de la empresa Cambridge Analytica, como Mak Turnball, director general de la empresa, hacen concluir que la empresa habría trabajado en ese país recolectando y analizando datos para influir en las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio.

La denuncia de las operaciones de la empresa británica en México no es nueva. Ya en octubre del 2017, BuzzFeedNews denunciaba antecedentes de que Cambridge Analytica tendría operaciones en México, realizadas -eso sí- bajo la sombra, en tanto la empresa no aparecía en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE), “donde debería estar cualquier empresa que busque ser contratada por un partido político”.

Hasta hoy sigue sabiéndose poco. Luis Fernando García y Danya Centeno, miembros de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) de ese país, en una reciente entrevista en Letras Libres, afirmaron: “No sabemos con certeza quiénes son los candidatos que están contratando sus servicios, y los de otras similares, pero sabemos que lo están haciendo, que le están apostando a la recolección y la explotación masiva de datos para generar perfiles psicográficos de los votantes y, a partir de ello, manipularlos. Al respecto es crucial el tema de los derechos humanos, desde cómo consiguen la información personal y qué control tenemos de esta práctica hasta qué perfiles construyen de nosotros y qué consecuencias tienen para nuestra experiencia en línea”.

Las próximas elecciones presidenciales en México ocurren en el contexto de una grave crisis de derechos humanos. Recientemente, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otros, han analizado y denunciado esta crisis, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, así como los asesinatos, violencia y amenazas contra periodistas, que ha hecho que México sea considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

Este contexto hace que la relación entre Cambridge Analytica -y empresas similares- con los partidos políticos en México sea de especial preocupación. De hecho, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, declaró que «esta empresa fue contratada por mexicanos para hacer guerra sucia en contra de nosotros». Por su parte, Ricardo Anaya, candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, sugirió que la firma británica pudo haber influido en las elecciones en el Estado de México para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI). No es difícil imaginar porqué, entonces, la periodista Dolia Estévez afirma que “el panorama electoral está muy revuelto, suficientemente tensa la situación, como para que entre a la escena una firma con esta capacidad”.

Con todos estos antecedentes, Boletín Antivigilancia se acercó a Pepe Flores, director de comunicaciones de R3D, para conocer un poco más de cerca la situación en México y comprender cuáles son las herramientas que cuentan sus ciudadanos para enfrentar la explotación de datos en internet con fines electorales.

En tu opinión, ¿cuán importante son las redes sociales como Facebook en México y cuánta atención le prestan las campañas políticas?

Las redes sociales –especialmente Facebook– son una fuente de información importante para un sector joven del electorado que, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional Electoral, representan entre 30 y 40 por ciento del padrón. Para los partidos políticos, Facebook es una herramienta en la que se invierte cada vez más dinero, ya que, por un lado, la fiscalización de los recursos destinados a este tipo de propaganda es muy complicada; y por el otro, permite la generación de campañas de desinformación que pueden incidir en el voto del sector indeciso de la población.

¿Hay evidencia para sospechar que en las próximas elecciones en México actúen empresas como Cambridge Analytica o similares que exploten datos con fines electorales?

Sí. La investigación de Channel 4 en Reino Unido mencionó que una fuente reveló que Cambridge Analytica trabajó en México con el PRI, al menos, hasta inicios de 2018; tuvo oficinas en el país, estuvo buscando activamente gente para trabajar con ellos y recurrió a otra empresa (pig.gi) para la obtención de datos sobre usuarios de Internet mediante encuestas. A eso se le deben añadir antecedentes como la supuesta intervención de personajes como Andrés Sepúlveda, quien clama haber realizado campañas de ‘guerra sucia’ en línea en las elecciones presidenciales de 2012, o del consultor Juan José Rendón, también vinculado con estas campañas ‘negras’. Uno de los principales riesgos de la explotación de estos datos es la creación de perfiles psicográficos que permitan la manipulación del electorado, a través del diseño de estrategias de desinformación que exploten sus creencias y valores.

México tiene una regulación de datos personales: ¿en cuánto crees que este marco legal puede incidir en proteger los datos de los usuarios de Internet en la campaña electoral?

Sí, sí hay: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. El marco legal es insuficiente, pero más allá, lo más problemático es que la autoridad de protección de datos (INAI) no ha mostrado capacidad o voluntad de interpretar las normas de datos personales de manera que puedan ser una herramienta efectiva para la investigación y sanción de conductas violatorias del derecho a la protección de datos personales. Los procedimientos son muy largos y las normas son muy vagas; la autoridad tampoco ha hecho interpretaciones que constituyan una garantía efectiva contra el abuso de los datos personales, ni es expedita ni actúa de forma diligente.

¿Hay alguna regulación en México a la publicidad electoral en redes sociales o Internet en general? ¿En cuánto crees que afecte -tenerla o no- en la campaña electoral?

Sí existe regulación en materia de publicidad electoral en cualquier medio (incluido redes sociales e Internet) pero está dirigida a partidos políticos y candidatos. En esencia, está prohibida –para candidatos y partidos políticos– la difusión de propaganda que contenga expresiones denigrantes o calumniosas. La difusión de información falsa sobre los resultados también es sancionada para los candidatos y partidos políticos, lo mismo que difundir propaganda durante el periodo de veda electoral. Esas obligaciones no existen para cualquier persona; eso es positivo porque esas normas podrían tener un efecto inhibitorio en el derecho a la libertad de expresión y afectar el libre flujo de información en una contienda política, en donde el debate público es muy importante.

También hay una fiscalización del gasto electoral para evitar que exista inequidad en las campañas y que alguien pueda tener una ventaja derivada de su poder económico. En ese sentido, existen precedentes como que, a mediados de 2017, el INE emitió una serie de lineamientos que buscan asegurar la equidad de la contienda. Por ejemplo, entre los puntos se encuentra que la Unidad Técnica de Fiscalización contará los gastos de promoción en redes sociales como parte de los topes de campaña. No obstante, el Tribunal Electoral ya ha tomado decisiones contrarias a ese sentido, anulando la fiscalización del gasto en Facebook en campañas en Estado de México y Nayarit.

Sin embargo, en la práctica, las autoridades electorales han sido negligentes o deficientes en la fiscalización de los recursos usados en la propaganda en línea. Han existido casos como el del Partido Verde en 2015, en el que decenas de celebridades mexicanas lanzaron tuits de apoyo al partido durante la veda electoral. Fue hasta finales de 2016 que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso una multa de 7 millones de pesos al PVEM.

El problema no es que esas personas hayan tuiteado durante la veda, sino que el partido les pagó para hacerlo. Cualquier persona puede tuitear lo que quiera en el periodo de la veda electoral, pero el problema es que, al haberles pagado el PVEM, se trata de publicidad fuera del periodo en que está permitida, y segundo, fue con recursos de procedencia dudosa, no fiscalizados, no contabilizados como parte del gasto electoral.

En ese sentido, no hace falta más regulación, sino autoridades investigadoras con la voluntad política y con la capacidad de hacer las indagaciones. Ahí también podrían participar las empresas que se benefician económicamente del mercado electoral, transparentando el gasto que se hace en publicidad en línea y asegurarnos de que toda esa propaganda en redes pagada por los partidos sea contabilizada como tal. El problema es que, actualmente, la autoridad electoral no es lo suficientemente capaz de investigar y sancionar de manera adecuada.

¿Cuáles son las sugerencias o recomendaciones principales para que tanto las políticas públicas como los ciudadanos se enfrenten de mejor manera a la explotación de datos para fines electorales?

Las personas tenemos ciertas herramientas para mitigar de alguna manera la explotación de datos con fines electorales. Si nos es posible, evitar utilizar servicios que recaben datos personales excesivos y los comercialicen al mejor postor; que no sean transparentes en la manera en que se recolectan estos datos.

Sin embargo, es una falsa salida depender únicamente de la fuerza de voluntad de las personas de evitar utilizar estos servicios. Para mucha gente, el uso de Facebook, WhatsApp o Google, por ejemplo, son importantes para el desarrollo de su actividad económica o su vida social, por lo que poner toda la carga del problema en los usuarios, quienes están con tan poco poder de hacer algo al respecto, es un error.

Por ello es necesario revisar y hacer una revisión colectiva de las políticas públicas que pueden existir para hacer transparente y susceptible de rendición de cuentas el poder que ciertas plataformas hegemónicas. Los servicios en línea con un poder dominante tienen una responsabilidad y sus decisiones privadas tienen afectaciones al interés público. Es importante que existan mecanismos que garanticen la rendición de cuentas por el ejercicio de dicho poder.

Tradicionalmente, se apelaría al Estado –en un Estado democrático– el rol de garantizar que la operación de cualquier industria no afecte de manera adversa el interés público. Creo que no se debe descartar esa posibilidad, no obstante, hay que ser enfáticos en el riesgo de que instituciones no democráticas pretendan ejercer un dominio sobre las plataformas en línea. Hay que tener cuidado en que esos mecanismos no se conviertan también en herramientas que dañen al interés público al ejercer censura o afectar el derecho a la privacidad. Se necesita una discusión abierta, transparente, que permita diseñar políticas que impidan que ni las plataformas privadas (ni tampoco el Estado) puedan abusar de su poder.

Pepe Flores, de México, actúa como director de comunicación de R3D.