Por Jessica Matus, de Fundación Datos Protegidos | #Boletín16

Si bien Chile no ha sido implicado hasta ahora en el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook, en las pasadas elecciones presidenciales del 2017 sí hubo presencia de empresas similares que explotan datos personales en redes sociales con fines electorales.

Se han nombrado varias, como por ejemplo Artool, que se autodenomina una empresa de big data y que tiene fuertes relaciones con el actual gobierno de Sebastián Piñera, o Brandmetric que dice tener como unos de sus focos la inteligencia a partir de datos de las redes sociales y los medios tradicionales para aportar en la toma de decisiones y estrategias de los políticos. Más recientemente la atención se ha ido a InstaGIS, cuyo negocio consiste en cruzar distintas bases de datos con información de usuarios en redes sociales para predecir patrones de comportamiento, de consumo e incluso preferencias políticas.

El trabajo de este tipo de empresas se ha hecho más fácil en el país debido a un particular ecosistema en los datos personales de los chilenos y chilenas. Por un lado, una ley de datos personales sin verdadero poder de protección; por otro, una masificación -y naturalización- indiscriminada en la entrega del RUT (Rol Único Tributario) para conseguir ofertas y/o servicios tanto del Estado como de las empresas privadas -lo que implica tener en ese número único buena parte de la vida de una persona-; y, por último, que la base de datos del padrón electoral auditado esté disponible en Internet debido a que el mismo servicio electoral (Servel) la liberó. Esta base de datos contiene información sobre los nombres y apellidos del elector, su número de RUT, sexo, domicilio electoral con indicación de la circunscripción electoral, comuna, provincia y región y el número de mesa receptora de sufragio. A estos elementos hay que sumar el cruce con otras bases de datos y ¡bum!: el perfilamiento electoral puede llegar a ser muy complejo.

En este contexto, Boletín Antivigilancia habló con Jessica Matus, una de las creadoras de Fundación Datos Protegidos, para comprender mejor cómo ha funcionado la explotación de datos en Internet para fines electorales en Chile y cómo se podría llegar a cambiar ese ecosistema tan fructífero para el perfilamiento no consentido de las personas.

En tu opinión, ¿cuán importante son las redes sociales como Facebook en Chile y cuánta atención le prestan las campañas políticas?

Cada día en Chile las redes sociales están teniendo mayor incidencia en la población, las empresas y el Estado, no sólo como medio de conexión entre personas, sino también como medio informativo. Según cifras oficiales, hay 16,7 millones de conexiones, siendo el país más conectado de América Latina con un 84 % de la población en Internet.

Por ello, no es sorpresa que, para efectos de campañas electorales, los partidos políticos y los candidatos consideren a las redes sociales. La lógica de la campaña a través de ellas ha permeado a la sociedad en su conjunto, incluso las elecciones de directivas sindicales también se encuentran utilizando diversas herramientas que ofrecen plataformas como Facebook.

Pero en Chile, además, contamos con una particularidad: la accesibilidad a datos del padrón electoral, lo que ha desencadenado que los candidatos y candidatas opten por diseñar estrategias más directas y precisas, mediante empresas “data-driven services”, que utilizan datos para perfilar a electores de una circunscripción en particular.

De este modo, entonces, la alta conectividad del país junto con la masiva penetración de redes sociales en la población chilena hace posible que exista un ecosistema propicio para utilizar las redes sociales como herramientas de propaganda política.

¿Hay evidencia de que en las elecciones pasadas hayan actuado empresas similares a Cambridge Analytica que exploten datos con fines electorales?

Durante las elecciones presidenciales de 2017 existe evidencia que la empresa InstaGIS prestó servicios de análisis de datos para la campaña del entonces presidenciable Sebastián Piñera, que resultó electo.

Según un reportaje del periódico La Tercera de diciembre de 2017, una periodista examinó las distintas razones que pudieron influir en el incremento de votantes del candidato electo, por lo que entrevistó a distintas personas proveniente de localidades con aumentos importantes en los índices de votación. En particular, se observó que se optó por una estrategia descentralizada para la segunda vuelta, dependiendo de las características de sus habitantes, y para conocer a los votantes, se contrató a la empresa InstaGIS: “El programa computacional permite identificar la adhesión política vía redes sociales -en especial Facebook-, a través de los comentarios de los usuarios y sus “me gusta”. Luego, se busca la localización de esa acotación y se dirige la campaña vía red social a esa persona. Esta vez, los posibles votantes se dividieron en tres: piñeristas, indecisos y perdidos”.

Luego, el Centro de Investigación Periodística (CIPER) el día 3 de enero de 2018, analizó tanto la empresa como alguno de los servicios ofrecidos por InstaGIS, señalando que: “Su negocio consiste en cruzar distintas bases de datos con información de usuarios en redes sociales para predecir patrones de comportamiento, de consumo e incluso preferencias políticas. Así, cada vez que usted interactúa en su cuenta de Facebook, Twitter o Instagram, uno de los ‘robots’ de InstaGIS puede monitorear ese contenido para luego cruzar la información con su RUT y domicilio, aunque estos últimos son datos personales que debiesen estar protegidos, pero los vacíos legales hacen que en la práctica no sea así. El resultado: un mapa georreferenciado con información respecto de cuáles son, por ejemplo, sus inclinaciones políticas, donde se concentran los delitos en una comuna determinada o si es o no usted fanático de las pizzas o el sushi”.

Esta es la información publicada hasta el momento, no obstante, existen más empresas que se dedican en Chile a este rubro y ofrecen variados tipos de servicios de análisis de datos.

Chile tiene una regulación de datos personales: ¿en cuánto crees que incidió en proteger los datos de los usuarios en la última campaña electoral?

Chile cuenta con una ley de datos personales desde el año 1999, se trata de una normativa desfasada en el tiempo que, si bien establece una serie de obligaciones y derechos, los primeros no son fiscalizados por autoridad alguna, y los segundos apenas puedes ser ejercidos por sus titulares a través de acciones judiciales únicamente, lo que implica un alto costo para las personas. Lo anterior, unido a una baja percepción de los derechos a la privacidad y a la protección de datos por la ciudadanía, ha devenido en una escasa o nula aplicación de la ley.

¿Hay alguna regulación del estado chileno a la publicidad electoral en redes sociales o internet en general? ¿En cuánto afectó -tenerla o no- en la campaña electoral?

Recientemente, se legisló en materia de propaganda, publicidad y transparencia de los gastos electorales, estableciéndose como propaganda “todo evento o manifestación pública y la publicidad radial, escrita, en imágenes, en soportes audiovisuales u otros medios análogos, siempre que promueva a una o más personas o partidos políticos constituidos o en formación, con fines electorales”. Este concepto no hace mención alguna a la propaganda en medios digitales, pero el Servicio Electoral (Servel) ha entendido que ésta queda comprendida en la expresión “otros medios análogos”.

Según las atribuciones otorgadas al Servel, este organismo publica un manual que norma las acciones que pueden realizarse en cada una de las etapas de una propaganda electoral. En términos generales, el manual dispone que constituye un gasto electoral la contratación de un servicio de propaganda electoral que implique un desembolso en dinero, efectuado por el candidato, un partido político o un tercero en su favor, con ocasión y a propósito de actos electorales. Adicionalmente, permite la propaganda electoral por medios digitales (“todas aquellas comunicaciones a través de medios tales como páginas web, redes sociales, telefonía y correos que trascienden el círculo personal de contactos y que dichos servicios sean contratados”).

El Servel, entonces, hace una distinción en función de la trascendencia o no de la comunicación del círculo de contactos de una persona. El manual estipula que las comunicaciones a través de redes sociales, correos y llamadas telefónicas son, esencialmente, comunicaciones privadas y dirigidas a una o varias personas, identificándolas en el círculo de contacto. En este caso, la difusión de ideas no es considerada propaganda, sino un ejercicio de la libertad de expresión. En cambio, si ésta implica una contratación o pago de un servicio y se explotan las redes sociales más allá de los contactos personales, será considerado como propaganda electoral. En el último caso, el manual del Servel exige que los partidos políticos declaren en un formulario el uso de estos medios como propaganda electoral.

¿Cuáles son las sugerencias o recomendaciones principales para que el estado y ciudadanos en Chile se enfrenten de mejor manera a la explotación de datos para fines electorales?

Es urgente que nuestro país apruebe una nueva ley de datos personales que disponga de las herramientas mínimas para garantizar a las personas su derecho a proteger su información personal, tanto de parte de las empresas privadas como del Estado, en un contexto en que las tecnologías avanzan rápidamente y las formas de intervención y manipulación se diversifican cada día. Pero también se requiere modificar la ley electoral para evitar la entrega masiva e indiscriminada del padrón electoral con toda la información personal de los electores.

En materia electoral, adicionalmente, los organismos públicos competentes deben necesariamente disponer de mecanismos de fiscalización de los gastos y del tipo de gasto. Las reformas en materia de transparencia en este ámbito son una buena noticia, pero sin un real control de las distintas formas de propaganda –incluida la explotación de datos- estas normas se convierten en simples recomendaciones.

Jessica Matus, de Chile, es fundadora de Fundación Datos Protegidos, Chile.