Por Paz Peña | #Boletín15

Luego de dos semanas en Chile conduciendo su automóvil solar en diversas carreras, Sidd Bikkannavar, 35 años, debía volver a Estados Unidos, su país. Su trabajo en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA lo esperaba. Pero cuando llegó a la frontera algo había cambiado radicalmente: se había convertido en uno de los primeros ciudadanos nacidos en EEUU que luego de la orden ejecutiva sobre inmigración y viajes de Donald Trump –conocida como Muslim Ban– era obligado a entregar su teléfono móvil (que, por lo demás, era propiedad de la NASA) y su clave de desbloqueo para que los policías de migraciones lo revisaran.

La medida del nuevo gobierno de EEUU –que podría ser imitada por otros países- ha acaparado titulares desde ese entonces. Que nuestros aparatos electrónicos, especialmente teléfonos móviles, puedan ser rastreados por policías de inmigración ha puesto en el centro de la discusión la importancia que tienen estos en nuestra vida, a tal punto que la policía podría conocer desde nuestros contactos, la gente con la que nos comunicamos usualmente, los contenidos de la mayoría de esas conversaciones, nuestras fotos y videos, correos electrónicos y otros mensajes, nuestras opiniones y gustos a través de redes sociales, nuestras últimos paraderos, entre otros innumerables detalles.

Pero entre tanto bullicio ante tal (inaceptable) medida, se ha dejado entrever que es una suerte de excepción producto de la locura fascistoide de la administración Trump. Aquello hace perder el foco ante políticas de datos en las fronteras que vienen de larga data y que tienen crecientemente como objeto de deseo a nuestros teléfonos móviles. Dos factores claves pueden ayudar a comprender mejor el papel que juegan nuestros celulares en la frontera.

UNO: sobre fronteras cada vez más vigiladas

No. No es que antes las fronteras no fueran un lugar de vigilancia. Pero todo se hizo más profundo después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en EEUU. La guerra contra el terrorismo hizo proliferar múltiples bases de datos y sistemas informáticos y, efectivamente, un montón de datos de los pasajeros comenzaron a ser rutinariamente recolectados, almacenados y analizados por las autoridades de inmigración de todos nuestros países. Esas múltiples bases de datos de los pasajeros son cruzados con otras –usualmente de las agencias de inteligencia y policía nacional como internacional- con la excusa principal de la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal.

Las fronteras hoy se construyen con datos para nuestro perfilamiento. En otras palabras, toda nuestra información personal (desde los datos demandados para obtener una visa, los que contiene el pasaporte, los que manejan las aerolíneas -API (Advance Passenger Information) y PNG (Passenger Name Record)- entre muchos otros) son usados para construir categorías que permiten el control remoto por parte de la policía de inmigraciones de la enorme cantidad de pasajeros en las fronteras. Nuestros datos son el input para que los sistemas informáticos y -aún nos prometen- la agencia humana de los policías, lleven a cabo una revisión de nuestros antecedentes y nos den la autorización para entrar a sus países.

Y es que cuando se cuenta con sistemas informáticos y se abraza la gran promesa del big data, la compulsión por los datos se hace cada vez más punzante. Si creamos un monstro, hay que tomar la responsabilidad de alimentarlo: el big data solo funciona con más data. Y si ya están casi todos nuestros datos como viajeros a su disposición, ¿qué más “lógico” entonces que seguir alimentando el sistema y demandar ahora los datos contenidos en nuestros teléfonos móviles?

Y es que acá hay que ser justos: esta idea de obtener los datos de nuestros celulares no ha sido de Trump. Bajo las dos administraciones de Obama, los agentes de frontera ya tenían amplia libertad para aprehender y buscar cualquier dispositivo digital sin una orden judicial. Y los latinos, especialmente mexicanos, lo sabemos muy bien. Los datos de nuestros celulares han alimentado el sistema de vigilancia y perfilamiento de fronteras desde el 2009.

DOS: sobre los viajes sin inconvenientes

Sí, la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal es una gran excusa para llenar las fronteras del mundo con tecnología de punta, lo que ha ayudado a fortalecer la multimillonaria industria de la vigilancia. Pero el negocio no se agota ahí. Hay otro argumento cada vez más frecuente para incitar la compra de vigilancia en las fronteras, especialmente en los aeropuertos: el seamless travel o el viaje sin inconvenientes.

El crecimiento constante de pasajeros en casi todo el mundo produce dos efectos: la necesidad de los puertos de entrada –especialmente los aeropuertos- de gestionar mejor sus recursos y, por otro lado, la demanda de los mismos pasajeros de tener una experiencia de viaje eficiente, rápida y hasta agradable. Un ejemplo perfecto para esto son las tecnologías biométricas: no solo prometen seguridad sino también eficiencia.

En ese contexto, los aparatos electrónicos móviles, especialmente nuestros teléfonos inteligentes, se están convirtiendo en un actor fundamental a la hora de la gestión de los aeropuertos: debido a que nuestros teléfonos con Wi-Fi o Bluetooth activado funcionan con ondas de radio, nuestros aparatos permanentemente emiten solicitudes de prueba buscando detectar puntos de acceso a internet. Esto ha llevado al desarrollo de diversas aplicaciones como sistemas de análisis físicos que dependen de las señales de radio emitidas por nuestros dispositivos para detectar su presencia y rastrear nuestros movimientos.

Así, los administradores de aeropuertos pueden rastrear a los pasajeros (el anonimato no es claro cuando piden el registro para entrar a la internet de los aeropuertos) y comprender mejor los patrones de tráfico, hacer un seguimiento de los tiempos de espera, como también hacer un tracking sobre los comportamientos de consumo y hasta rastrear la ubicación de empleados y otros recursos del aeropuerto. Nuestros datos de teléfonos móviles, voluntaria o involuntariamente, están al servicio de un viaje “sin inconvenientes”.

Nuestras fronteras

Inmersos en la confusión mundial, una clásica reacción de la prensa latinoamericana ante la medida de Trump fue orientar sobre qué hacer cuando un agente de frontera de Estados Unidos pidiera nuestros celulares y claves para desbloquearlo. Pero hay más preguntas de este lado del continente en la que las y los interesados en temas de derechos humanos en general, y sobre privacidad en particular, debiéramos indagar.

El Instituto Knight recientemente pidió al gobierno de EEUU el número detallado de viajeros cuyos celulares fueron revisados, solicitando un desglose por raza, etnicidad, nacionalidad y condición migratoria, así como detalles de la base de datos del gobierno donde se almacena la información de las revisiones. Como sospecharán, las respuestas han sido esquivas. Pero de obtenerlas, habría evidencia concreta de cómo afecta la medida de Trump a la población latina, migrante o no, en Estados Unidos.

También es tiempo que revisamos nuestras propias políticas. ¿Qué tipo de información se pide a las personas que quieren cruzar nuestras fronteras? ¿Se requieren nuestros dispositivos móviles por los agentes fronterizos de nuestros países? ¿Qué prácticas tienen los aeropuertos con nuestros datos móviles? En un continente en el que crecientemente se adoptan medidas para la vigilancia y eficiencia de las fronteras (desde biometría a bases de datos como el API y el PNR) hay razones para pensar que muchos de nuestros gobiernos podrían considerar imitar la medida de EEUU.

Mucha de la discusión global ha derivado en recomendaciones técnicas muy concretas para cruzar por las fronteras con nuestro celular. Aquello, sin duda, ayuda a resistir una medida a todas luces invasiva de nuestra privacidad. No obstante, no hay que olvidar que el discurso de las fronteras, la inmigración y la seguridad es cada día más fuerte en la agenda política de actores institucionales. Si hoy más que nunca es esta agenda la que define elecciones, no solo en Estados Unidos sino también en América Latina, es importante también que nuestra respuesta no sea solo técnica sino también política.

Paz Peña es una consultora independiente sobre derechos digitales y comunicación estratégica para la incidencia. Es periodista y master en género y cultura, mención ciencias sociales. Fue directora de comunicaciones y de incidencia en Derechos Digitales. Es parte del consejo colaborativo de Coding Rights.