Por Paz Peña e Joana Varon | #Boletín14

«Facebook, aquí tengo una noticia para ti: hay un millón de razones por las que alguien elegiría autoidentificarse con un nombre que no sea el que está impreso en su partida de nacimiento. En verdad, ni siquiera es algo que tenga que ver contigo». Esta fue la reacción de Dan Tracer en Queerty al conocer cómo la nueva política del «nombre real» afectaba directamente a la comunidad LGBT. La polémica comenzó a fines de 2014, cuando un contingente de cuentas del Facebook de drag queens fueron bloqueadas después de haber sido denunciadas de forma anónima por no usar sus «nombres reales» en la red social.

Facebook justificó la política de solicitar nombres reales a sus usuarios debido a que, según ellos, una identificación auténtica (entendida aquí como la que aparece en documentos oficiales) evita la intimidación que puedan hacer personas anónimas para acosar, engañar o participar en comportamientos criminales.

La medida es problemática por muchas razones. Como fue denunciado por diversos activistas, la política infringe especialmente los derechos de comunidades no hegemónicas y vulnerables, como las personas transgénero, víctimas de diversos tipos de violencia, y las minorías étnicas, entre otras. Y aunque Facebook se haya mostrado comprensivo y dispuesto a hacer cambios, las medidas parecen insuficientes: de hecho, la empresa sigue asignándose el poder de determinar qué identidades son válidas y cuáles no, descartando por completo la idea del anonimato.

Al llegar a este punto de la discusión hace falta preguntarnos acerca de las pruebas en las que se basa Facebook para insistir en no hacer alteraciones profundas en la política del «nombre real». La pregunta es todavía más relevante a la luz de, por ejemplo, una reciente investigación de la Universidad de Zúrich, que reveló que los comentaristas de peticiones online que más usan un lenguaje abusivo presentan, de hecho, más probabilidades de usar nombres reales. Los investigadores dijeron que los comentaristas no encuentran ninguna razón para usar un nombre falso cuando quieren defender sus creencias o hacer notar fuertemente un punto en la discusión.

Si las pruebas sobre la capacidad de evitar comportamientos reprobables en la comunidad son discutibles y las demandas de grupos como drag queens demuestran las consecuencias indeseables de esta política, ¿por qué Facebook sigue insistiendo en ella como un pilar de la comunidad de usuarios de la red social?

Viejas y nuevas prácticas colonialistas

No nos equivoquemos: que las minorías étnicas tengan que cambiar sus nombres para que se los entienda como «nombres occidentales» o que personas LGBT tengan que informar a una empresa privada sobre su sexualidad no es una consecuencia marginal negativa de la política de Facebook. Es, muy por el contrario, una política segregadora que, al persistir, terminará por marginar a toda persona disidente de los valores de Facebook que, al parecer, no son diferentes de los que abrazan los hombres blancos del Valle del Silicio.

Las prácticas segregadoras que utilizan como excusa la identificación de las personas tienen un arraigo histórico en los procesos colonizadores. Sobre esto sabemos mucho en América Latina. Desde la evangelización católica en la época de la Conquista, que obligó a los indígenas de todo el continente a alterar sus nombres por nombres católicos (con la nomenclatura de nombre y apellido ), hasta la discriminación permanente que, incluso en nuestros días, termina obligando, por diferentes razones, como acontece en Bolivia o Colombia, a que personas con nombres indígenas terminen modificándolos.

Esta segregación basada en el «nombre real» no está lejos de la discriminación que sufren en el continente las personas transgénero y que condujo a una larga lucha activista para poder interactuar cotidianamente con instituciones públicas y privadas sin ser estigmatizadas. Esto llevó a que, liderado por países como Argentina, recientemente se promulgaran leyes que, en diferentes niveles, permiten el reconocimiento del derecho a la identidad de género y de la transexualidad, como es el caso de Colombia, Uruguay y Bolivia.

Todas estas prácticas segregadoras y colonialistas encuentran un nuevo eco digital, esta vez bajo la figura de las empresas dominantes del Valle del Silicio, a las que se les atribuye el poder de determinar qué identidades y discursos son válidos o no en el reino de los valores smart.

Otras políticas

La implementación de políticas de «nombre real» no ha sido la única medida polémica que empresas del Valle del Silicio han implementado para hacer frente a situaciones de lo que denominan «discurso de odio». Recientemente, presionados por la Unión Europea para combatir la propaganda terrorista, Facebook, Twitter, Microsoft y Youtube (Google) han firmado un código de conducta para unificar formas de tratar el tema. La base para todas las acciones: sus propias «Community Guidelines». Es decir, una vez más, son reglas de comunidad elaboradas por empresas dirigidas por hombres, blancos y ricos del Valle del Silicio, los mismos que consideran la política del nombre real una buena medida, pasan a funcionar como una forma de evaluar las notificaciones sobre determinados contenidos. La lista de errores que ya se cometieron, derivando en censura al aplicar dichas políticas, es interminable.

Si pensamos solo en cuestiones de género, los ejemplos ya son tantos que se hace difícil enumerarlos. Son comunes los relatos de diversos episodios de censura de posts en Facebook y en Instagram (que pertenece a Facebook) de fotos de mujeres con «sobrepeso»¹. La empresa alegó que este tipo de imágenes violaba su política de publicidad en lo que respecta a la salud y el bienestar físico. Instagram tampoco es muy fanático del vello púbico femenino ni de la menstruación. A la artista paquistaní Rupi Kaur le eliminaron fotos que representaban la sangre menstrual. Fotos que mostraban mujeres con vello púbico asomando de la bikini hicieron que los posts de la revista australiana Sticks and Stones fueran retirados de Instagram, mientras que la artista Petra Collins tuvo su cuenta eliminada por una foto del mismo estilo que, según ella, no correspondía a ciertos estándares sociales de feminidad embutidos en la plataforma. Aunque estos casos hayan sido difundidos en los medios de comunicación, hay muchos otros casos de feministas que usan su cuerpo y su vello púbico o de otras partes para cuestionar estándares estéticos heteronormativos y patriarcales en las redes sociales. En Brasil, es el caso de la artista Aleta Valente y el de Tay Nascimento, las dos censuradas frecuentemente por la plataforma. De hecho, el mensaje no podía ser más evidente: imágenes del cuerpo femenino tal como es, haciendo cosas naturales del cuerpo, no están permitidas. Por otro lado, las fotos que corresponden al estándar de belleza compatible con la sociedad sexista heteronormativa capitalista siguen recibiendo sus «likes».

Otro ejemplo son las imágenes de senos. Después de varias quejas sobre fotos de senos en campañas contra el cáncer de mama y de escenas de mujeres dando el pecho que fueron censuradas, la empresa alteró un poco sus reglas, en las que subraya que restringen imágenes de senos femeninos «solo» si los pezones están a la vista, excepto en los casos de lactancia materna o de fotos que muestran las cicatrices posmastectomía. Aun así, siguen siendo recurrentes los relatos de fotos de madres dando el pecho censuradas y, obviamente, si vamos más allá, existen varias otras situaciones en las que se muestran los senos, ya sea en forma de protesta o como manifestaciones culturales.

En Brasil, fotos de varias ediciones de la Marcha das Vadias (Marcha de las Putas) han sido bloqueadas de manera constante y, recientemente, la plataforma también eliminó el post con la foto de portada del álbum de la cantante Karina Buhr y un post del Ministerio de Cultura que contenía una imagen de una india de la etnía botocuda con sus pechos expuestos. En solidaridad, artistas se unieron en lo que denominaron una acción-arte-manifiesto publicando fotografías en blanco y negro de 14 mujeres con los senos descubiertos en bañeras vacías. En cuanto a la censura sobre el Ministerio de Cultura, el gobierno brasileño, que resaltó que la empresa estaría intentando imponer sus estándares de moral y costumbres a Brasil de manera arbitraria e ilegal, llevó el caso a la justicia. Lo peor es que, cuando el tema es la violencia contra la mujer, numerosas reclamaciones demuestran que la plataforma ha tardado mucho en eliminar el contenido infractor. Y por denuncias de venganza, como en el caso de los frecuentadores de la página “Orgulho Hétero” (Orgullo Hétero), Facebook ya llegó a retirar del aire páginas feministas como Feminismo sem demagogia (Feminismo sin demagogia), Cartazes e tirinhas LGBT (Carteles e historietas LGBT) y Moça, você é machista (Mujer, eres machista) e incluso una página de la famosa youtuber JoutJout, que produce videos sobre el acoso contra las mujeres y otros temas de género.

Aquí enumeramos solo casos de las empresas del grupo Facebook simplemente por la diversidad de ejemplos que ofrecen y solamente presentamos una muestra, porque hay muchos más casos, pero la situación no es muy distinta a la de otras empresas. Todo esto deja claro que quizás esta plataforma no sea realmente el ambiente más adecuado para la movilización por causas de género, pero teniendo en cuenta la visibilidad que alcanza la plataforma por su número de usuarios, es innegable el papel que ocupa como medio para el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, los ejemplos citados aquí muestran cómo el dejar este tipo de decisión en manos de estas empresas solo permite que se mantengan las manifestaciones de asimetrías de poder, como el machismo, el patriarcado y el moralismo, de lo que sería culturalmente aceptable (impuesto por una sola cultura), en una forma de colonialismo digital.

Como bien señaló el grupo European Digital Rights (EDRi), que hizo el seguimiento de las negociaciones del código de conducta, el acuerdo delega a empresas privadas actividades que debería llevar a cabo el Estado. En un post destacaron: «este proceso, establecido fuera de un proceso democrático, determina reglas poco claras sobre la responsabilidad de las empresas. También genera graves riesgos para la libertad de expresión, pues contenidos que son legales, aunque controvertidos, pueden ser eliminados como resultado de este mecanismo de remoción voluntario y no transparente.»

De censor a promotor de contenido

Pero eso no es todo. En el acuerdo también está previsto el compromiso de estas empresas de «educar a sus usuarios», lo que incluye «identificar y promover contranarrativas» para lo que consideren discurso de odio o prejuicio. Esto significa que empresas que inicialmente funcionan como plataformas para viabilizar la difusión de contenidos de terceros, ahora pasan a ejercer el papel de promotoras de determinados contenidos, es decir, no solo asumen la responsabilidad de censurar lo que piensan que debe prohibirse, sino que además destacan ciertas visiones de mundo que consideran que se deben promover. Algo que pueden hacer de manera imperceptible, con solo manipular su algoritmo.

Desde una lógica colonialista, si el juicio de las redes sociales ya provoca numerosas controversias cuando analizan los nombres de los usuarios y las denuncias de eliminación de contenidos, imaginemos entonces lo que sucederá cuando estas empresas, con enorme poder de alcance y conocimiento sobre los gustos y las prácticas de sus usuarios empiecen a emitir estos juicios de forma activa, promoviendo contenidos que estén de acuerdo con sus valores sin que ni siquiera nos demos cuenta. Porque eso es lo que establece el acuerdo.

Para los países del Sur Global, como los latinoamericanos, las consecuencias segregadoras de estos tipos de políticas del Valle del Silicio, sin el control ni la participación de la sociedad, crean barreras particulares que deben considerarse en el debate mundial. Por ejemplo, la posibilidad de que nuestras comunidades puedan sencillamente presentar una queja contra las políticas abusivas. En tal sentido, es inevitable pensar si Facebook habría respondido a las comunidades transgénero de países de América Latina, donde a veces ni siquiera se preocupa en abrir una representación legal, con la misma energía y prontitud con la que respondió a la comunidad de drag queens de San Francisco.

El debate sobre este tipo de política y sus consecuencias segregadoras y de censura sobre los discursos que difieren de los valores del Valle del Silicio debe, necesariamente, superar las barreras de los países desarrollados y establecerse en las diversas comunidades de nuestros países. Las particularidades de cómo estas políticas y condiciones de uso nos afectan todavía deben estudiarse y deben enriquecer una discusión aún centrada en el Norte Global, además de facilitar diversas formas de resistencia locales contra políticas abusivas en nombre de la comunidad.

Paz Peña es una consultora independiente sobre derechos digitales y
comunicación estratégica para la incidencia. Es periodista y master en
género y cultura, mención ciencias sociales. Fue directora de
comunicaciones y de incidencia en Derechos Digitales. Es parte del
consejo colaborativo de Coding Rights. 

Joana Varon es abogada e investigadora, creadora y directora de la Coding Rights. Licenciada en Relaciones Internacionales con ub Máster en Ley y Desarrollo, se ha dedicado a desarrollar investigaciones aplicadas en la discusión de parametros institucionales legales para la inovación en las TICs y a la vez buscando la protección de los derechos fundamentales y el derecho al desarrollo.