Por Carolina Botero, Juan Diego Castañeda e Amalia Toledo, de Fundación Karisma | #Boletín13

De vez en cuando Bogotá es nombrada en un ranking de ciudades inteligentes. En 2004 ganó la primera edición del premio de Ciudades Digitales. En 2011, por ejemplo, apareció en la lista del XIII Premio de Ciudades Digitales, organizada por la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (Ahciet). En 2013 fue elegida una de las 8 ciudades inteligentes de Latinoamérica en una lista que publicó la revista Fast Company. Sin embargo, la promesa de una ciudad tecnológica choca con las constantes protestas de sus residentes por el pésimo funcionamiento del sistema de transporte, las horas que demoran las autoridades en recoger el cuerpo de una persona que murió en la calle, o la negligencia de las mismas autoridades para atender un incendio que duró varios días y obligó a la evacuación del centro de la ciudad. ¿Qué quiere decir que Bogotá es una ciudad inteligente?

La idea de usar las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para conseguir un entorno urbano más inclusivo, diverso y sostenible es lo que se conoce con nombres muy diversos y que se desarrolla mundialmente alrededor del bienestar de la ciudadanía con el apoyo de la apropiación intensiva, productiva y eficiente de las TIC para la gestión y uso más sostenible y racional de los mismos. Los sectores que normalmente reciben una inyección de tecnología son, entre otros, el tráfico, el transporte público, la seguridad, la infraestructura del agua y electricidad, o el recogido de desperdicios. Adicionalmente, los datos de la vida urbana son recopilados, conservados, analizados y procesados mediante el software seleccionado. Es así que se da la toma decisiones optimizando la gestión de las diferentes áreas de la administración de la ciudad.

Desde el año 2007, en Colombia, se ha denominado como ‘Territorio Digitales‘ a las ciudades, municipios, área metropolitanas, a cualquier tipo de territorio conectado a las TIC con el fin de optimizar el desarrollo en educación, salud, actividades productivas, etc. La estrategia de Territorios Digitales se desarrolló durante 2007 y 2008 en 25 lugares con una inversión del Ministerio de las TIC de 22 mil millones de pesos. A esta inversión inicial, en 2015, se sumaron 50 mil millones de pesos como parte del proyecto Vive Digital Regional. El contexto nacional ha permitido que estos proyectos públicos para incentivar la apropiación de las TIC signifique que muchos de los 1.023 municipios de Colombia hayan incluído en sus planes de desarrollo, programas, proyectos y actividades de ciudades inteligentes. Quizá en esto Medellín y Bogotá lleven la delantera. Sin embargo, existe un reclamo por construir una nueva política al respecto que dé cuenta de las nuevas realidades y que en 2013 fue el objeto de una amplia convocatoria nacional que, a la fecha, no ha dado ningún resultado.

Colombia se ha concentrado en aumentar los niveles de acceso y penetración de internet. Bogotá ha hecho esfuerzos similares: ETB, una empresa que pertenece mayoritariamente al distrito de Bogotá, ofrece acceso gratuito a internet en algunos puntos repartidos en por lad diferentes zonas de la ciudad. También se implementó el servicio de internet en estaciones del servicio de transporte de la ciudad, aunque tiene restricciones de acceso a ciertos de servicios para garantizar ancho de banda y bloquea el acceso a pornografía, racismo, violencia y otros contenidos considerados “perniciosa para los demás usuarios del servicio”.

Por otro lado, Transmilenio, el sistema de transporte público masivo más grande de la ciudad y que cuenta con 3 tarjetas diferentes, permite en una de ellas registrar los datos de la persona usuaria para obtener beneficios como descuentos, viaje a crédito y recuperación del saldo en caso de pérdida. Adicionalmente, la empresa se ha aliado con universidades y bancos para permitir que las tarjetas débito o los carné estudiantiles den acceso al sistema. No es claro qué tipo de datos se capturan al ingresar en una estación con una tarjeta personalizada o con una tarjeta de un banco o universidad.

Sin embargo, hay un área en el que se ha promocionado el uso de tecnologías para la gestión de la ciudad: la vigilancia y la seguridad. Continuamente la ciudad hace una apuesta por mejorar en estas áreas usando extensivamente cámaras de vigilancia. La entidad encargada de impulsar estos programas es el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), que fue creado hace más de treinta años y que hace parte de la Alcaldía Mayor de la ciudad. El presupuesto del FVS para el 2015 fue de 179 mil millones de pesos. Según el último informe de gestión en 2015, se instalaron 1305 cámaras en la ciudad. De ellas, 158 son de “ultra alta definición” y fueron instaladas en algunas vías principales, el estadio de fútbol y el parque más grandes de la ciudad. También se instalaron 180 cámaras aproximadamente en las estaciones del sistema de transporte, 24 de ellas pueden hacer reconocimiento facial y son operadas desde un centro de control independiente.

La instalación de equipos de seguridad como lectores de huellas, escáneres del documento de identificación nacional o cámaras de vigilancia públicas y privadas hace parte de la cultura del país. Pese a ello, son varios los problemas a tener en cuenta sobre los sistemas que está implementando la ciudad, especialmente en videovigilancia.

Cuando se trata de su uso como medida de prevención del crimen, los estudios no son concluyentes sobre la efectividad de las cámaras para desalentar hechos delictivos y/o la captura y persecución de las personas perpetradoras. Esto no impide que se sigan citando los mismos argumentos cada vez que se quiere destinar más recursos a la videovigilancia. Por ejemplo, el objetivo declarado de la instalación de cámaras de alta resolución fue reducir la percepción de inseguridad, disuadir a los criminales, ayudar en la captura y judicialización de estos, y crear una base de datos biométrica de reconocidos criminales que operan en el sistema de transporte. Aún si considerando cifras más conservadoras sobre la cantidad de cámaras en la ciudad, según las cuales hay 500 cámaras instaladas y 263 de ellas no funcionan bien, la justificación para su aumento es la misma. El nuevo gobierno de la ciudad considera que las cámaras disuaden a los criminales y son una ayuda para las autoridades.

De otra parte, existe la preocupación sobre la recolección indiscriminada de información sobre personas respetuosas de la ley y el potencial uso indebido de la misma. Esto también lleva a plantear la relación costo-eficiencia de las medidas de videovigilancia. No olvidemos que estos sistemas público de videovigilancia son adquiridos, mantenidos y operados por fondos que salen de los impuestos que pagamos la ciudadanía. Al respecto, quienes residen en Bogotá no tienen ninguna certeza sobre cómo se usan las imágenes capturadas, por cuánto tiempo son archivadas o qué autoridades pueden acceder a ellas.

La ciudades inteligentes están más vulnerables a los ‘hackers’ que incluso los computadores y teléfonos móviles. Las tecnologías no solo deben ser funcionales para los objetivos que quieren alcanzarse, sino también deben estar blindada ante posibles ataques criminales. Y en esto es donde falla muchas veces la planificación. En 2014, un investigador de seguridad demostró que 200,000 mil sensores instalados alrededor del mundo eran sensibles ataques. La información transmitida por estos sensores podía ser fácilmente interceptada en tránsito, pues, la compañía desarrolladora olvidó cifrar los datos. Más preocupante aún es que todo el impulso y la confianza puesta en las cámaras de seguridad no deja a la ciudadanía sospechar de todas sus vulnerabilidades: al momento de redactar este artículo, el sitio Insecam, que agrega cámaras IP que conservan las contraseñas de fábrica, lista 124 cámaras en toda Colombia. Habitaciones, oficinas, comedores y toda suerte de lugares privados están expuestos al mundo a través de internet.

Los sistemas de videovigilancia no son homogéneos. Existen diversos tipos: cámaras estáticas, con visión panorámica, móviles, que pueden transmitir datos analógicos o digitales, a través de cables o inalámbrica. Las imágenes se pueden grabar de diferentes maneras y pueden tener diferentes usos específicos como la identificación de números de matrícula o el reconocimiento facial. Además, también difieren los métodos de almacenaje y manipulación de imágenes relacionados con el tipo y la velocidad de la vigilancia que pueden realizar. Por lo que su adquisición y uso requiere de un plan basado en una evaluación previa de necesidad y proporcionalidad a través de un análisis de riesgo e impacto.

En un intento por poner a la persona en el centro de las preocupaciones de las cada vez más de moda sistemas de videovigilancia, y en búsqueda del respeto al derecho a la intimidad, el Foro Europeo de Seguridad Urbana elaboró la Carta de uso democrático de la videovigilancia. Este documento presenta unos principios que deben guiar la elaboración, funcionamiento y desarrollo de los sistemas públicos de vigilancia por video. Entre ellos está el de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Difícilmente puede decirse que Bogotá tiene un programa de videovigilancia necesario y proporcional cuando uno de sus objetivos es cubrir el 100% de la ciudad con estos aparatos. La Carta también trae los principios de transparencia, responsabilidad, supervisión independiente y participación ciudadana. Vale pensar estos principios como áreas en los que el programa de vigilancia tiene todo un camino por recorrer.

El uso de la tecnología puede distraer a la ciudadanía de la búsqueda de auténticas soluciones a sus problemas. Las cámaras usadas de forma general, sin propósito, e indiscriminadamente pretenden aumentar la “percepción de seguridad” sin hacer nada por enfrentar las causas del robo o los homicidios que ellas pueden llegar a capturar. Además, esta solución no es más que un componente dentro de paquetes de medidas que aprueban las administraciones para generar resultados con impacto mediático aunque poco eficientes. El aumento de años en prisión o el incremento del número de policía en las calles son otras medidas que hacen parte de esos paquetes y que, empíricamente, puede decirse que no han hecho mucho por solucionar los problemas que buscan atender. Mientras tanto, se introducen capacidades de procesamiento de imágenes –por ejemplo, reconocimiento facial–, y se almacenan en bases de datos, suponiendo un riesgo a la intimidad de la ciudadanía.

La Fundación Karisma busca la adopción de buenas prácticas en el uso de tecnologías, procesos sociales y políticas públicas en Colombia y en la región. Para ello, trabaja en cuatro líneas de acción: acceso al conocimiento, intimidad y seguridad, gobernanza de Internet e innovación social, sobre dos ejes fundamentales: género y libertad de expresión.