Por Amarela | #Boletín12

El 5 de febrero de 2015 se presentó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley (PL) 215/2015, de autoría del Diputado Hildo Rocha (PMDB-MA), cuyo objetivo es aumentar la pena para crímenes contra el honor practicados a través de las redes sociales. El proyecto, que fue solamente presentado ante la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJC), quedó a cargo del diputado Juscelino Filho, designado por la CCJC como relator. En los meses siguientes, se unieron otros dos proyectos al PL215: el PL 1547/2015, de autoría del diputado Expedito Netto (SD-RO), y el PL 1589/2015, de autoría de la diputada Soraya Santos (PMDB-RJ).

Similar al proyecto del diputado Hildo Rocha, el texto del diputado Expedito Netto también tenía como objetivo la consideración del uso de Internet como causa para el aumento de pena en crímenes contra el honor. Por su parte, el proyecto de la diputada Soraya Santos, el PL 1589/2015, no solo preveía el aumento de la pena sino que iba más allá. El texto incluía alteraciones radicales en el Marco Civil da Internet, que retiraban la obligación de contar con una orden judicial para la solicitación de datos personales, permitiendo el acceso directo por parte de la policía o el Ministerio Público a los datos de conexión de navegación de usuarios y usuarias. Además, también alteraba el Marco Civil con el objetivo de garantizar cierto «derecho al olvido», posibilitando, mediante requerimiento judicial, la retirada de contenido de Internet que pudiera vincular el nombre o la imagen de una persona a un «crimen del que haya sido absuelto, con sentencia inapelable, o a un hecho calumnioso, difamatorio o injurioso».

A pesar de la aberración de las propuestas, el relator, diputado Juscelino Filho, presentó en agosto un dictamen favorable a la aprobación en los términos del texto sustitutivo que aglutinaba los tres proyectos y dio inicio al intento de aprobación en las reuniones de deliberación de la CCJC. El texto es un verdadero retroceso en el escenario de la reglamentación del uso de Internet en Brasil, ya que limita derechos fundamentales y posibilita la vigilancia y la censura. De cualquier manera, en cada reunión existía la posibilidad de aprobación.

Movilización y críticas al proyecto

A lo largo de casi dos meses se realizaron algunos cambios en el proyecto, pero tal vez la versión más extrema haya sido la que consta en el 5º dictamen del relator, que hizo que el proyecto fuera llamado «PLespião» (PLespía, en portugués), debido al carácter de vigilancia que contiene la propuesta, y que desencadenó una fuerte movilización social. La hashtag #PLespião, que rápidamente se popularizó en las redes sociales, también se convirtió en el lema de la campaña contra el proyecto, siempre acompañada de imágenes, memes y gifs.

Entre los puntos más críticos de esa versión estaban la alteración de los párrafos 1º y 2º del artículo 10 del Marco Civil de Internet (MCI). El MCI, a contramano de algunas legislaciones más protectoras de la privacidad, prevé que se guarden obligatoriamente los registros de conexión y, en algunos casos, los registros de aplicación de usuarios y usuarias de Internet. O sea, datos como cuándo y dónde la persona se conectó y a que sitios, aplicaciones o programas la persona accedió en la red, deben registrarse y guardarse. Sin embargo, el texto del MCI, el acceso a esos datos solo puede realizarse mediante una orden judicial. Lo que esa versión del texto de la #PLespião proponía era alterar el Marco Civil para permitir el acceso directo a los datos por parte de la policía y del Ministerio Público, sin necesidad de autorización de un juez. Además, el #PLespião también proponía el acceso directo al contenido de las comunicaciones, o sea, emails, chats y conversaciones privadas que ocurren, por ejemplo, en Facebook, WhatsApp y en llamadas con video y voz.

Otro punto grave y bastante criticado de esa versión del proyecto fue la alteración del artículo 19 del Marco Civil con la inclusión de párrafo 3º-A, que dice que cualquier persona podrá «requerir judicialmente, en cualquier momento, la retirada de disponibilidad de contenido que asocie su nombre o imagen a un crimen del cual haya sido absuelto, con sentencia inapelable, o un hecho calumnioso, difamatorio o injurioso». Ese «derecho al olvido» a la brasileña es una práctica peligrosa que podría ser usada por políticos para barrer de Internet las denuncias realizadas contra ellos. Además, posibilitaría un revisionismo histórico con fuertes implicaciones para la memoria y la historia del país.

Diversos actores de la sociedad civil publicaron textos contrarios al proyecto, como el Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, el Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV-RIO,  Intervozes/Carta Capital, el Instituto Beta para Internet e a Democracia (IBIDEM), PROTESTE, Actantes y Oficina Antivigilancia. Además de eso, se publicó también una carta de repudio que reunió diversas instituciones y colectivos y una nota técnica del Instituto de Tecnologia e Sociedade de Rio de Janeiro. Hasta el «panda enojado» entró en la campaña, rompiendo todo contra la censura y la vigilancia.

Alteraciones en el texto y más movilización

La movilización surtió efecto, frenando y debilitando el proyecto, aunque sea momentáneamente. Presionados, algunos diputados quisieron saber más y debatir más el proyecto antes de aprobarlo y se convocó una audiencia pública. El Relator también sufrió presiones para alterar el texto y llegó a quitar algunos puntos críticos, a pesar de que también incluyó nuevas cuestiones problemáticas.

Se retiró del texto la posibilidad del acceso directo al contenido de las comunicaciones, así como también la mención directa a la falta de necesidad de una orden judicial para acceder a los datos de registro de conexión a Internet y el acceso a aplicaciones.

Sin embargo, hubo una gran derrota: con el nuevo texto, todos los proveedores de conexión a Internet y de aplicaciones online están obligados a obtener la calificación personal, la filiación, la dirección completa, el teléfono, el CPF (número de identificación fiscal) y la cuenta de email (considerados como datos de registro) de usuarios y usuarias y a comunicarlos, sin orden judicial, a las autoridades que tengan atribución legal para hacer el pedido. Eso significa que para publicar cosas en Internet las personas pueden ser obligadas a llenar un registro con la información antes mencionada, que estará disponible y accesible para las «autoridades competentes», sin necesidad de una autorización legal de un juez.

Entre victorias, derrotas y maniobras, la movilización continuó. Se organizó una petición online contra el proyecto de ley y, en tan solo un día, se reunieron 100 mil firmas. También se enviaron diversos emails a diputados y diputadas a través del sitio web plespiao.org.br. Se organizaron tuitazos y chats online para debatir las innumerables versiones del texto y las implicaciones para la privacidad y la libertad de expresión.

El 1º de octubre, el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br) publicó un documento con una serie de recomendaciones con relación al PL215 y sus proyectos consolidados. En el documento, el CGI afirma que los proyectos subvierten los principios fundamentales de Internet y «proponen establecer prácticas que pueden amenazar la libertad de expresión, la privacidad de los ciudadanos y los derechos humanos en nombre de la vigilancia, así como también desequilibrar el papel de todos los actores involucrados en el debate».

El día 5 de octubre, investigadores e investigadoras del InternetLab, del Centro de Tecnologia e Sociedade de la FGV Direito Rio (CTS FGV) y del Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação de la Universidad de São Paulo (POoPAI/USP) enviaron una nota técnica a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados (CCJC). En el análisis detallado y crítico se plantea la preocupación por la creación de conceptos jurídicos ambiguos y que van en dirección contraria a los debates llevados a cabo cuando se tramitó el Marco Civil de Internet en el Congreso Nacional, por la velocidad de tramitación del proyecto en la Cámara y la insuficiencia de diálogo con actores sociales involucrados en el debate público del tema en discusión; e incluso por el encuadramiento legal de los asuntos abordados por el proyecto.

Aprobación en la CCJC

A pesar del amplio debate que la movilización logró generar, involucrando diversos sectores de la sociedad y difundiendo la importancia de la protección de los datos personales, el #PLespião fue aprobado el 6 de octubre en la CCJC y ahora puede, en cualquier momento, someterse a votación en el plenario de la Cámara de Diputados. Si se lo vota y aprueba en la Cámara, el proyecto pasa a consideración del Senado.

Los principales problemas del texto aprobado son: 1) el derecho al olvido, mantenido en los textos por los diputados y diputadas; 2) la obligación, por parte de los proveedores de conexión y aplicaciones, de recoger los datos personales considerados como datos de registro (calificación personal, filiación, dirección completa, CPF y cuenta de email), y la puesta a disposición de esos datos, sin orden judicial, para las «autoridades competentes»; 3) la inclusión de un tipo penal en el Marco Civil.

Y ahora, ¿qué se puede hacer?

La campaña contra la aprobación del proyecto continúa y ahora cuenta con visibilidad y apoyo internacional. La Electronic Frontier Foundation (EFF), por ejemplo, incluyó la campaña en su centro de acciones y permite el envío de tuits directamente a diputados y diputadas. Además de EFF, tú también puedes ayudar y hacer la diferencia en la lucha por la privacidad y contra la vigilancia y la censura en Internet. Algunas cosas que puedes hacer:

• Usa tus redes sociales para contactar a diputados y diputadas para pedir que el proyecto no se apruebe. Di no al #PLespião.
• Llena el buzón de entrada de diputados y diputadas con mensajes a favor de nuestra privacidad y libertad de expresión.
• Utiliza todos los canales de comunicación: manda tu mensaje a través de «fale com deputados» (hable con el diputado) en el sitio web de la Cámara.
• Crea imágenes y publícalas en nuestro tumblr, y después ayuda a difundir la campaña en las redes sociales.
• Usa las hashtags:
  • #PLespião
  • #ContraPL215
  • #PL215
  • #MeusDadosSaoMeus (#MisDatosSonMíos)
  • #MeusDadosMinhasRegras (#MisDatosMisReglas)