Por Joana Varon | #Boletín11

Pocos días después de que la presidente Dilma regresó de su visita a Estados Unidos, Wikileaks publicó una lista de nombres de funcionarios de nivel ministerial del gobierno brasileño que tuvieron sus telefonos interceptados por la NSA.

La Carta Capital y la Pública publicaron documentos de primera mano y señalaron que entre la lista de teléfonos espiados contenía 10 nombres de personas que, a la época, trabajaban en el gubierno de Dilma, sobre todo en ocupaciones de nivel ministerial, sean em areas de relevancia diplomática o en posiciones estratégicas para la política económico o financiera de Brasil. A los nombres se suman Antonio Palocci, entonces jefe del Estado Mayor; Marcelo Estrella Fiche, ex jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda; Embajador Luis Antonio Carneiro Baldwin, director del Departamento de Asuntos Financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2011 y hoy día director del Departamento del Ministerio de Asuntos Internacionales del Tesoro; Adriana Queiroz de Carvalho, de la Procuraduría General de Hacienda; Luiz Alberto Figueiredo Machado, actual embajador de Brasil en los EE.UU. que, a la época, era director del Departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores y involucrado em temas especiales para el Medio Ambiente; y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Fernando Meirelles de Azevedo Pimentel. En el caso de Pimentel, la NSA claramente señaló que el interés por espiarle era por «desarrollos financieros internacionales».

Hasta el asistente del presidente, Anderson Dornelles, entro em la lista. Y ni siquiera el avión presidencial, que tiene teléfono por satélite la compañía británica Inmarsat, ha escapado.

En el momento de la divulgación, Julian Assange, como porta voz de Wikileaks escribió:

«Nuestra publicación de hoy nos enseña que los EE.UU. aún tienen un largo camino para comprobar que su vigilancia masiva hacia los países «amigos» realmente ha terminado. Los EE.UU. no sólo estuvieran espiando a la presidente Rousseff, sino también a figuras clave com quienes ellla habla todos los días. Aún que lo que nos promete EE.UU fuera algo digno de confianza – y no lo es – es imposible imaginar que Rousseff puede gobernar Brasil hablando sola. Si la presidente Rousseff quiere conseguir más inversiones en Brasil después de su reciente visita a los Estados Unidos, ¿cómo puede asegurar a las empresas brasileñas que la competencia estadounidense no se beneficia de esta vigilancia hasta que pueda realmente probar que el espionaje ha cesado? Y no apenas de ella, sino de todos los brasileños»

Pero la presidente Dilma, que en 2013 canceló su visita a los EE.UU. al enterarse de que su teléfono estaba chuzado, esta vez apenas respondió que esto es cosa del pasado.

La situación política y económica de Brasil en 2013, que permitió una respuesta fuerte en diversos órganos de las Naciones Unidas, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Consejo de Derechos Humanos, la UNESCO y de la Asamblea General, también es una cosa del pasado. En lo momento, la presidente está más preocupada en rehacer lazos con el gobierno de Estados Unidos para garantizar inversión extranjera. Defender com énfasis el tema de la privacidad ya esta en según plan.

Resulta que hasta hoy organizaciones de sociedad civil em Estados Unidos siguen luchando para pedir transparencia, debido proceso y supervisión del sistema de vigilancia para los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué nos haria creer que este tipo práctica pudiera haber cambiado frente a extranjeros? Electronic Frontier Foundation (EFF), por ejemplo, publicó un calendario llamado «Cronología de la Espionaje Domestica de la NSA”. ¿ Cómo se puede no tener em cuenta todo eso, más aún tratandose de que el espionaje tenia intereses económicos? En este punto, Assange tiene razón: todavía hay mucho que comprobar para que se pueda decir que el espionaje americana de comunicaciones para fines comerciales sea cosa del pasado.

Aún así, hay que recordar que Brasil ni siquiera cumplió con los padrones mínimos de protección de la privacidad que viene defendiendo en foros internacionales. A diferencia de muchos vecinos de América Latina, el país aún no tiene una ley de protección de datos personales. De hecho, la consulta pública para un proyecto sobre el tema terminó justo en el mismo final de semana em que le tocó a la presidenta Dilma responder a las revelaciones de Wikileaks. Ahora, así como pasó con el Marco Civil de Internet, Brasil necesita que el poder ejecutivo tome este proyecto como una prioridad.

Si la situación política obligó a un cambio en la relación con los EE.UU. y la presidente logró regresar anunciando 22 acuerdos, sin embargo, un país tiene que tener consistencia entre la agenda nacional e internacional. A parte de que, tener leyes claras de proteccíon de datos de consumidores es también un tema estratégico, incluso si el objetivo principal de la presidente es promover las TIC, como pareció por el hecho de incluir reuniones con representantes de grandes empresas de tecnología del Silicon Valley.

Además, al mirar la lista de acuerdos en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se puede observar, por ejemplo, un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. – en particular su agencia de inspección de aduanas -, y el Ministerio de Hacienda de Brazil y otro acuerdo entre la NASA y la Agencia Espacial brasileña para monitoreo ambiental.

Todos estos acuerdos implican en transferencia de infraestructura de procesamiento de datos y de desarrollo y em utilización de tecnologías de información en común.

Independientemente del mérito, ya se sabe, por ejemplo, que el Ministério de Hacienda supervisa las redes sociales. De manera que, si este puede asociase con agencias americanas acostumbradas a prácticas de vigilancia diseñadas para tratar materias de terrorismo, es necesario que los ciudadanos brasileños tengan alguna clase de garantía, por lo menos en papel, de que sus derechos fundamentales no seran violados. Está claro, pues, que una ley de protección de datos personales que permita que los ciudadanos tengan control sobre cómo sus informaciónes son utilizadas por organizaciones, empresas y el gobierno, es un requisito mínimo.

A la sociedad civil organizada le toca ampliar los canales de diálogo con el Ejecutivo para ayudar a solucionar puntos críticos de la consulta, llegando a acuerdos – que no serán sencillos – entre los diversos grupos de interés. No se puede dejar que, así como pasó después de la primera consulta, el tema caiga en el olvido.

El contexto demanda que el tema sea una prioridad en las agendas gubernamentales. Necesitamos, como en el caso de Marco Civil, que un contexto complejo nos sirva para cambios y una respuesta positiva. Así que, a la red de la comunidad antivigilância en Brasil, les dejo la invitación para escribirmos una carta al Ministerio de Justicia / Presidente expresando la urgencia y prioridad para llevar adelante este debate.