Por Bruna Santos | #Boletín16

La democracia más grande de América Latina probablemente será un campo de batalla en el uso de datos para fines electorales. En el famoso reportaje de Channel4, Mark Turnbull de Cambridge Analytica, nombró a Brasil como parte de su mercado. Luego se supo que de los 87 millones de personas cuyos datos de Facebook fueron filtrados a Cambridge Analytica, unos 443.000 usuarios son de nacionalidad brasileña.

La situación es inquietante, si se considera que en el próximo octubre habrá elecciones generales en el país, en las que también se elegirá al presidente y al vicepresidente de la nación, y que serán las primeras luego de la polémica destitución en el 2016 de la ex presidenta Dilma Rousseff y la llegada al poder del entonces vicepresidente, Michel Temer. El clima de polarización y militarización ha producido la muerte de varios activistas en el país.

La tensión ha llegado a tanto que el propio CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, luego de las revelaciones de la explotación de datos para fines electorales hecha por Cambridge Analytica en su plataforma, afirmó: “Hay una gran elección en Brasil, hay grandes elecciones en todo el mundo. Puede apostar que estamos muy comprometidos en hacer todo lo que podamos para garantizar la integridad de esas elecciones en Facebook”.

En ese contexto, el Ministerio Público brasileño (MPDFT) inició una investigación para esclarecer si Cambridge Analytica usó de forma ilegal los datos personales de millones de brasileños disponibles en Facebook. Luego, a mediados de abril, la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor que está a cargo del Ministerio de Justicia, exigió a Facebook el detalle del número de brasileños cuyos datos fueron filtrados, la forma en que esta información fue empleada y quiénes fueron los destinatarios de esta información.

Pero aún más allá de cómo está implicado Facebook o Cambridge Analytica, es claro que hay un ánimo político de ciertos sectores de la sociedad brasileña en tomar como excusa lo que ocurra en medios electrónicos para afectar los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Hace pocos días, por ejemplo, Luiz Fux, presidente del TSE (Tribunal Superior Electoral) afirmó que “se está estudiando un paquete de medidas preventivas y punitivas contra la diseminación de las llamadas fake news, que pueden ser desde la descalificación de una candidatura hasta la anulación del resultado electoral”.

En ese enrarecido clima político, hablamos con Bruna Santos de Coding Rights, quien nos explica cómo los marcos legales en el país pueden responder a la explotación de datos de las personas en internet con fines electorales.

• En tu opinión, ¿cuán importante son las redes sociales como Facebook en Brazil y cuánta atención le prestan las campañas políticas?

Los brasileños pasan más de 9 horas diarias en internet (solamente los superan los tailandeses y los filipinos), de las cuales 3 horas se dedican exclusivamente a las redes sociales. Entre ellas, Facebook está entre las más utilizadas, solamente superada por YouTube. El WhatsApp ocupa el tercer lugar entre las plataformas^[a]. Una investigación del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) comprobó que el principal uso de Internet en el país es para el intercambio mediante aplicaciones y que la mayor parte del acceso se realiza a través de dispositivos móviles.

Desde las protestas de junio del 2013 se observa una creciente preocupación de la sociedad brasileña por temas de tipo político en las redes sociales, ya sea mediante eventos en el Facebook para convocar manifestaciones, a través de la creación de páginas y grupos apoyo, o simplemente mediante discusiones bastante acaloradas que denotan una gran polarización. De acuerdo con un artículo de la BBC publicado en 2014, las elecciones realizadas ese año fueron las más conectadas de la historia brasileña, con 674,4 millones de interacciones en Facebook y 39,85 millones de mensajes publicados en Twitter durante los tres meses del período electoral, un hecho que se debe también a la popularización de los smartphones y el aumento del acceso de los brasileños a Internet.

Sin embargo, en las últimas elecciones generales (2014) el Tribunal Superior Electoral todavía prohibía la realización de propaganda política en línea, lo que dificultaba compartir contenido. Las elecciones de 2018 representan el estreno del contenido electoral patrocinado. Por primera vez, los contenidos producidos por candidatos y sus partidos podrán impulsarse en las redes sociales que ofrecen el servicio, lo que incluye la priorización del material en sitios web de búsqueda. Este es, quizás, el mayor impulso para que la clase política preste más atención a las redes sociales durante las próximas elecciones.

En el contexto político que hoy cursa el país, ¿qué significan las posibles relaciones de Cambridge Analytica en Brasil?

El escenario político brasileño sigue altamente polarizado, 2018 es un año de elecciones generales y ante la incertidumbre de quiénes serán los candidatos a la presidencia surgieron varias discusiones. Las protestas de 2013 contra el aumento del transporte urbano rescataron las grandes manifestaciones públicas en el país. Las manifestaciones, que empezaron con una insatisfacción con el aumento del transporte, terminaron incluyendo una diversidad muy grande de protestas, incluso las que iniciaron los movimientos de derecha contra la presidenta Dilma y la prisión del expresidente Lula. Buena parte de las articulaciones de esas manifestaciones se realizaron a través de Facebook.

En 2016, Cambridge Analytica anunció una alianza con una empresa brasileña y asumió el nombre de CA Ponte en el país. Los planes para la actuación de la empresa, que en 2017 alegaba ya haber firmado contrato con dos precandidatos al gobierno del Estado de San Pablo, incluían la aplicación de la metodología OCEAN/Big5 , con el uso de bancos de datos públicos, bancos de datos de los clientes (partidos políticos) y datos obtenidos en investigaciones realizadas por CA Ponte para la realización de microtargeting

La Ley de la Reforma política, sancionada en octubre de 2017, autorizó el impulso de contenido online durante el período electoral siempre que sea realizado por candidatos, partidos, coaliciones políticas o individuos vinculados a ellos. El cambio permite que los candidatos puedan impulsar posts en las redes sociales y dirigirlos a determinados grupos de usuarios, en perjuicio de otros.

Sin embargo, tras la revelación de la utilización de los datos de 50 millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica, André Torreta, empresario responsable de las acciones de CA Ponte en Brasil, anunció el fin de la alianza con la empresa. La empresa aún no tenía un banco de datos con perfiles de los electores brasileños y, como se mencionó, su actuación implicaría la utilización de datos públicos, además de encuestas realizadas por la propia CA Ponte.

¿En cuánto crees que el marco legal puede incidir en proteger los datos de los usuarios de Internet en un contexto de campaña electoral?

Actualmente Brasil no tiene una Ley General de Protección de Datos Personales, lo que implica que la protección de los datos de los usuarios se realiza con base en la interpretación del Derecho a la Privacidad instituido por la Constitución Federal. Además de la constitución, la Ley Complementaria n° 105 del 2001 delimita el secreto de las operaciones de las instituciones financieras y, con relación a los datos de registro, se entiende que el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley del Registro Positivo delimitarían la venta, ya que hablan sobre el deber de comunicar al consumidor acerca de su registro (Art. 42, CDC) y exigen la autorización de la persona registrada (Ley del Registro Positivo). Los registros de acceso, o sea el número de IP, la hora y el lugar de acceso, están protegidos por el Marco Civil de Internet, que también incluye principios generales de protección a la privacidad en Internet. Cabe destacar también que el Decreto reglamentario del Marco Civil de Internet, Decreto n° 8771 de 2016, va más allá de la introducción del principio de retención mínima de datos (art.13), ya que determina que los proveedores de conexión y de aplicaciones de Internet retengan la menor cantidad posible de datos personales, comunicaciones privadas y registros de conexión y acceso a aplicaciones y prevé su exclusión después de alcanzar la finalidad de la recolección o una vez vencido el plazo legal que la motivó.

Otra ley brasileña que incide sobre el tratamiento de los datos personales de los usuarios de Internet es la Ley de Acceso a la Información, que regula el acceso a la información previsto en la Constitución. A pesar de que la Ley de Acceso a la Información define la información personal como “aquella relacionada a la persona física identificada o identificable” y que sea relativa a la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen, la disposición de la ley es muy genérica, lo que permite que bases de datos con información confidencial de los ciudadanos se comparta en detrimento de la transparencia. Es importante destacar que, de acuerdo con la legislación brasileña, las bases de datos de la Administración Pública Federal solo pueden compartirse de acuerdo con los principios de la Ley de Acceso a la Información (ver )reglamentación publicada en el 2016.

La aprobación de una eventual Ley General de Protección de Datos Personales podría ser de utilidad, ya que establecería parámetros para la utilización de bancos de datos, especialmente por parte del poder público, ya que este es responsable por la gestión de grandes bases de datos púbicas con información de beneficiarios de Políticas Públicas, datos relativos a los salarios de los funcionarios públicos disponibles en el portal de la transparencia, el Sistema Nacional de Presos, etc.

Una ley que delimite la importancia del consentimiento de los titulares y la necesidad de información/notificación del uso y el control ayudaría a evitar la utilización de datos para un fin diferente al informado inicialmente sin que el titular tenga conocimiento. Otro punto importante de una eventual Ley de Protección de Datos es la responsabilización de los actores por eventuales fugas de datos, así como la verificación de la aplicación de la ley.

Además, una regulación que se ocupara de limitar el intercambio de información de ciudadanos oriunda de bases de datos públicas podría haber evitado el Acuerdo de Cooperación firmado entre el Superior Tribunal Electoral y Serasa Experian, anulado en el 2013, que preveía la transferencia de información de 141 millones de votantes (el nombre del votante, el número de empadronamiento, la situación electoral, la fecha de nacimiento, la validación del nombre de la madre y otros datos) a la empresa, y que pasarían a componer la base de datos de ésta a cambio de la certificación digital para los servidores del Tribunal. En el marco del registro electoral, cabe destacar que compartir datos de carácter personal (dirección, fecha de nacimiento, estado civil, profesión, etc.) no está permitido por una resolución del TSE del 2003 que le confirió al registro electoral privacidad y secreto, de acuerdo con lo establecido por la Constitución.

¿Hay alguna regulación en Brasil a la publicidad electoral en redes sociales o Internet en general? ¿En cuánto crees que afecte -tenerla o no- en un contexto de campaña electoral?

En octubre de 2017 se sancionó la Ley de la Reforma Política, con nuevas reglas de propaganda electoral en línea. En las elecciones del 2014, las reglas para la realización de campañas políticas en Internet eran muy restringidas, permitían la transmisión de contenido solo en sitios y páginas oficiales y prohibían los posts pagos en redes sociales y los anuncios en sitios web, lo que generó varias disputas en el Supremo Tribunal Electoral sobre las coaliciones de los principales candidatos con respecto a contenidos que podrían ser eventualmente identificados como propaganda política.

La publicación de propaganda política electoral (anuncios) sigue limitándose a los sitios web de los candidatos, los partidos y las coaliciones, y está prohibida en páginas que pertenezcan a personas físicas o empresas privadas, aunque sea algo difícil de supervisar. Sin embargo, ahora se permite el impulso de contenido electoral identificado como tal y contratado por partidos, coaliciones y candidatos.

Con los cambios establecidos por la reforma, las elecciones del 2018 serán las primeras en la historia de Brasil donde se podrá contratar la impulsión de contenido electoral identificado, un hecho que eventualmente puede ocasionar que los votantes estén más sujetos a prácticas de segmentación de público y micro-targeting de anuncios en las redes sociales, estrategias utilizadas por empresas como Ponte CA.

Entonces, hay un cambio en el parámetro de la campaña política en las redes sociales, ese escenario brasileño de la propaganda política en línea que anteriormente era más similar al de la propaganda realizada en la televisión, donde todos ven y sacan conclusiones sobre un mismo asunto presentado. Ahora, el panorama es incierto ante la posibilidad de impulsión de contenido en las redes sociales, las prácticas de direccionamiento de contenido y una reducción de la transparencia, ya que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos que realizan la contratación son los únicos que conocen las estrategias de direccionamiento.

¿Cuáles son las sugerencias o recomendaciones principales para que tanto las políticas públicas de Brasil como los ciudadanos se enfrenten de mejor manera a la explotación de datos para fines electorales?

Se necesitan medidas que refuercen el respeto por la privacidad y la libertad de elección de los votantes y que también aumenten la transparencia de las campañas políticas.

Entendemos que es imprescindible la aprobación de una Ley General de Protección de Datos Personales, que establezca reglas más firmes con respecto al consentimiento y la finalidad del uso de los datos de los ciudadanos. A partir de la promulgación de una ley que tenga por objeto proteger la privacidad de los ciudadanos y fijar sanciones para eventuales fugas de datos, información compartida de manera indebida y utilización sin consentimiento o con desviación de la finalidad no informada al titular, se espera evitar las prácticas abusivas. En tal sentido, se necesitan medidas que refuercen el respeto por la privacidad de los votantes.

Otro punto importante sería la adopción de más transparencia con respecto a las estrategias de campaña política online y las tecnologías empleadas más allá de lo que fija la legislación electoral. Los partidos, coaliciones y candidatos deberían publicar una lista de contenido impulsado​por las redes sociales, el costo de esas acciones, así como información sobre qué empresas se contrataron para la elaboración del contenido publicado.

Por último, especialmente en el contexto electoral y para respetar los principios democráticos, deberían preservarse la libertad de expresión y el derecho de elección del candidato. De esta manera, las prácticas de direccionamiento de contenido, incluso por medio de las priorizaciones embutidas en la lógica del algoritmo de algunas plataformas, deberían ser transparentes y se deberían dirimir los abusos. De la misma manera, se debe asegurar el derecho de que un elector se manifieste acerca de un determinado candidato, partido o coalición sin sufrir amenazas ni represalias.

Bruna Santos, de Brasil, actúa como investigadora y advocacy strategist en Coding Rights.