Por Lucas Teixeira, en colaboración con Joana Varon | #Boletín14

Entre agosto de 2015 y mayo de 2016, una comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil investigó actividades criminales online. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Crímenes Cibernéticos, o CPICIBER, como se la llamó, se inició con el objetivo legítimo de investigar fraudes bancarios y tráfico de personas e incluso terminó con algunas medidas positivas de educación en seguridad de la información, pero dejó un legado peligroso para los derechos que se propuso proteger. Ese el caso de algunas propuestas que pretendían abordar los crímenes contra el honor, o lo que puede considerarse como “discurso de odio”.

A pesar de que el poder público y el poder legislativo tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos, la protección de los derechos civiles debe realizarse de manera equilibrada para no perjudicar otros derechos correlacionados.

CPICiber, sus audiencias y el “odio”

El diputado Espiridião Amin, del partido conservador PP, fue nombrado relator de la CPI con la tarea de acompañar las reuniones de la comisión y elaborar su informe final. En la segunda reunión de la Comisión, el diputado Jean Wyllys, del partido de izquierda PSOL y blanco recurrente de ofensas, en parte debido a prejuicios contra su homosexualidad declarada, destacó: “Es fundamental que esta CPI enfrente los crímenes virtuales de ataque al honor, de destrucción de reputaciones, de difamación, apología de la pedofilia y homofobia para que el alcance de esta CPI no se restrinja solo a los crímenes contra la propiedad y los crímenes financieros.”

La intención de proteger a las personas contra crímenes ejercidos mediante la expresión, también encontrados en el mundo offline, pero sin duda amplificados por internet, es loable. Pero no fue justamente ese el resultado logrado. Frente a la complejidad de los temas que se encuadran bajo la denominación “crímenes cibernéticos», el relator creó cuatro subrelatorías. Tres de ellas tenían áreas y denominaciones sucintas: “Instituciones financieras y comercio virtual”; “Crímenes contra niños y adolescentes” y “Seguridad cibernética en Brasil”. La cuarta, por su parte, que debería responder a la demanda del diputado Jean Wyllys, obtuvo una denominación bastante particular: “Violaciones de los derechos fundamentales y la creación de perfiles falsos o satíricos con el objetivo de practicar robo de datos, crímenes contra el honor, incluso injurias raciales, políticas, crímenes raciales, crímenes contra homosexuales, estafa, extorsión y otros ilícitos penales, intimidación sistemática (bullying) y referencias despreciativas repetidas a determinada persona”.

Desde la denominación de la relatoría ya se observa cierta confusión o, como mínimo, dificultad para lidiar específicamente con crímenes contra el honor en el espacio virtual, tema al que se refería el diputado Jean Wyllys. Y si el objetivo era responder a una demanda de la sociedad de proteger a las víctimas de crímenes contra el honor o de prejuicio, es notable observar que durante el transcurso de las reuniones y audiencias públicas de la CPICIBER no se escuchó a los perpetradores ni a las propias víctimas de este tipo de ataques. El subrelator, diputado Daniel Coelho, llegó a invitar a personas que habían sido víctimas de casos notorios de “discurso de odio”, persecución o filtración de fotos íntimas, pero nadie se presentó y sus ausencias fueron justificadas formalmente como debidas a “compromisos personales”.

Las únicas personas involucradas en casos de ese tipo que se presentaron a las audiencias, el dueño de la cuenta humorística Dilma Bolada y representantes de movimientos contra la presidenta, no tuvieron la oportunidad de contribuir mucho con el debate sobre el tema. Eso porque, por ser representantes de lados opuestos de la extrema polarización política entre aquellos que estaban a favor y contra el impeachment, esta reunión se convirtió tan solo en un escenario de ese enfrentamiento, que no tenía nada que ver con los crímenes cibernéticos.

La activista contraria al PT Beatriz Kicis, que paralelamente a su trabajo como abogada de la fiscalía integra el movimiento a favor del impeachment Revoltados ON LINE y publica videos críticos al PT y a lo que llama “adoctrinamiento” de la “ideología de género”, usó su tiempo de la sesión para hablar sobre su lucha contra el gobierno del Partido de los Trabajadores y el Forum de São Paulo, que, según afirmó, considera parte del plan del PT de crear un régimen comunista totalitario en toda América Latina.

Por otro lado, el diputado Paulo Pimenta, del PT, partido de la presidenta, denunció una noticia publicada por Revoltados ON LINE acusándolo falsamente de ser el dueño de un club nocturno Kiss, que se hizo famoso después de su trágico incendio. Pimenta sostuvo que el grupo es “una organización criminal que difunde el odio y la mentira en internet, que alimenta el prejuicio de la sociedad”, citando también episodios en los que Revoltados ON LINE publicó sátiras machistas de Dilma Rousseff y Marcela Temer, esposa del entonces vicepresidente Michel Temer.

El diputado trató de incorporar al debate cuestiones centrales del problema del discurso de odio, considerando que limita la libertad de expresión y alimenta la violencia, principalmente contra la vida de personas pertenecientes a minorías étnicas o sexuales:

“Cada vez que un ciudadano recibe una paliza en la calle, eso es fruto del discurso de odio que organizaciones como esa promueven en la sociedad a través de Internet, a través de la mentira. Es la persecución y el discurso de odio contra personas inocentes.

[…]

Cada vez, señora presidente [de la CPI], que una persona homosexual, un travestí sufre una paliza, en la calle o en cualquier lugar, es porque existen figuras públicas y organizaciones criminales como esa que estimulan el odio y la homofobia en la sociedad.”

Pero en lugar de un debate racional sobre el tema, lo que ocurrió fue una disputa política. Paulo Pimenta fue interrumpido varias veces en su discurso por diputados de la oposición a Dilma Rousseff. La diputada Alice Portugal, del Partido Comunista de Brasil, también sufrió interrupciones en sus manifestaciones de apoyo a la discusión del tema; la invitada Beatriz Kicis llegó a decir que está orgullosa de que sus discursos “maltraten y ofenda a alguien que es del Partido Comunista de Brasil”.

El diputado Jair Bolsonaro, conocido por hacer chistes homofóbicos y misóginos y por exaltar la memoria de un torturador de la dictadura militar presente durante la votación del impeachment de la presidenta en la Cámara, afirmó que el “mayor crimen que se practica hoy en día es a través de la ideología de género, que es masivamente explotado en internet”.

Por lo tanto, en una triste ironía, el pequeño espacio en el que podría llevarse a cabo la discusión sobre el “discurso de odio” terminó convirtiéndose en un escenario de manifestaciones de homofobia, transfobia e intolerancia, celebradas y compartidas online por los seguidos de los movimientos acusados de propagarlas.

Diputados a favor del impeachment se sacan fotos con “pixulecos” (muñecos con la cara del expresidente Lula vestido como un presidiario, que se hizo famoso en las protestas contra el PT), mientras defensores de Revoltados ONLINE festejan y cantan consignas contra el partido, después de la finalización de la audiencia pública.

Más de tres meses después, en febrero de 2016, la CPICIBER escuchó a las idealizadoras de Think Olga, Juliana de Faria, Maíra Liguori y Luíse Bello. El trío presentó el trabajo del colectivo en campañas como Chega de Fiu Fiu (contra el acoso callejero) y #PrimeiroAssédio (primer acoso), donde realizaron movilizaciones online muy efectivas para llevar a los medios y al debate público en Brasil el tema del acoso.

Maíra Liguori, quien habló específicamente sobre las campañas contra el acoso practicado online, presentó los principales problemas en el combate al crimen: la falta de información de las víctimas sobre cómo proceder frente a estos abusos y la falta de preparación de los organismos públicos responsables por defenderlas para lidiar con el acoso y la violencia de género. También pidió más medidas de educación, que ataquen la causa de la agresión, en lugar de la consecuencia: “Antes de castigar al agresor, hagamos que reflexione sobre la agresión que está realizando”.

Informe final: vigilancia y eliminación de contenido

En la publicación del informe, el nombre de la subrelatoría cambió por “subrelatoría de crímenes contra el honor y otras injurias”, e incluso frente a la falta de argumentación sustancial en las audiencias, se realizaron propuestas de ley con la finalidad de combatir esos crímenes.

Acceso a la dirección IP y los datos de registro de usua

El anonimato fue, sin duda, el gran villano de la CPI de los Crímenes Cibernéticos. La Constitución brasileña, en su artículo 5º, prohíbe el anonimato en el contexto de la libertad de expresión, pero no hay consenso sobre qué significa esta prohibición en el medio digital. De cualquier manera, esta prohibición ha sido utilizada como una barrera importante para un debate sustancial sobre la importancia del anonimato online.

Una sección completa del informe final de la CPI se dedica a verificar si proveedores de e-mail populares, como Gmail, Hotmail y Yahoo! pedían identificación para la creación de nuevas cuentas. Así, el relator justifica:

“Con una cuenta de e-mail válida se compran productos, se activan registros en redes sociales y se habilitan aplicaciones. En este contexto, una identidad virtual es incluso más importante que un documento de identidad. Al analizar los crímenes cibernéticos muchas veces se encuentran perfiles falsos o inválidos, lo que dificulta, e incluso imposibilita en muchos casos, la investigación criminal y el castigo de los culpados”.

Como solución para este problema se propuso un proyecto de ley para hacer que el acceso a los datos de registro sea incuestionable e inmediato para policías y para el Ministerio Público. Este proyecto de ley, que pedía la “equiparación de la dirección IP del usuario a un dato de registro” para dar “más agilidad al proceso de investigación”, en la práctica permitiría que cualquier comisario de la Policía Civil (o el Ministerio Público) solicitase datos de registro y direcciones IP de usuarios (y, en consecuencia, pudiera localizarlos e identificarlos) sin necesidad de la evaluación de un juez.

Coding Rights, en una acción conjunta con IBIDEM e Intervozes, publicó una nota técnica dirigida a los parlamentarios con nuestras posiciones con respecto al informe. Sobre el acceso a direcciones IP y datos de registro, afirmamos:

El permiso para acceder a datos personales de ciudadanos sin orden judicial no tiene paralelo en legislaciones de países democráticos […]. Los derechos humanos no pueden debilitarse con el pretexto de permitir la celeridad de una investigación mediante un procedimiento que, en la práctica, puede significar una puerta abierta a la arbitrariedad y las violaciones de derechos.

Nos preocupó especialmente el mal uso de esa herramienta por parte de la policía. Así como ocurre en diversos sectores del poder público, la Policía Civil brasileña tiene diversos casos documentados de corrupción y tráfico de influencias. Como ejemplificamos en nuestra nota técnica:

Hace pocos meses el inspector en jefe de la Corregedoria de la Policía Civil (organismo de asuntos internos de la fuerza) fue separado del cargo por estar involucrado en “acusaciones de favorecimiento o tráfico de influencias”, acusaciones que enfrenta junto a seis efectivos del mismo organismo, según una nota de la Agencia Brasil. Un video en una nota del periódico Estadão muestra a dos policías civiles huyendo de abogados de la fiscalía que los arrestarían en el Departamento de Investigaciones Criminales del Estado de San Pablo (DEIC/SP) bajo la acusación de recibir soborno. Es posible que el mismo organismo de control interno, convocado por los abogados de la fiscalía para acompañarlos, haya avisado a los policías.

De acuerdo con datos de la Ouvidoria de la Policía de San Pablo (oficina del ombudsman de la fuerza), entre 1998 e 2014 hubo 591 comisarios investigados a partir de denuncias del organismo, que resultaron en 144 sanciones. También hubo 10 investigaciones de “agentes de telecomunicaciones”, con 4 policías sancionados. Sin desmerecer la importante labor de los agentes policiales honestos, conceder acceso a datos, como la dirección IP en el caso del Proyecto de Ley propuesto, sin orden judicial ciertamente generará abusos.

Tras una fuerte movilización de la sociedad civil y de miles de personas dentro y fuera del país, intensos debates y dos revisiones del informe, el proyecto de ley fue retirado del texto, pero permaneció la posición favorable a esa forma de lidiar con el crimen: el informe alega explícitamente que el “discurso de odio” y los abusos similares (en la terminología de la Comisión, “contenido que atenta contra el honor”) justifican la necesidad de quitar a los jueces de la ecuación, inmediatamente después de afirmar que ninguna víctima invitada se presentó: “Entendemos que es necesario encontrar formas de proteger a los ciudadanos comunes de los ataques personales a través de internet (como amenazas y ciberbulling) sin necesidad de intervención de la justicia. El Congreso debe dar una respuesta a la excesiva judicialización de los derechos”.

A pesar de que la Comisión haya retirado el proyecto de ley (PL), otro proyecto parecido proveniente del senado se tramita en la cámara como PL nº 5074/2016. Este PL permite que comisarios de policía y miembros del Ministerio Público soliciten, sin orden judicial, datos de registro (aunque no incluye direcciones IP). El propio informe lo menciona, todavía como Proyecto de Ley del Senado nº 730, a pesar de que lo hace de forma contenida y afirmando que “la recomendación aquí expresada no significa que nos estamos proponiendo su aprobación, sino que simplemente reconocemos la importancia del tema y la necesidad de posicionamiento del Parlamento brasileño”.

Una brecha para la censura: retirada de contenido para “proteger el honor”

Otro proyecto de ley creado por la subrelatoria de “crímenes contra el honor y otras injurias” fue el PL 5203/2016. En su primera versión en el informe de la CPICIBER, complementaba un segundo proyecto de ley que determinaba que los proveedores de aplicaciones (como redes sociales, blogs y otros sitios web) deberían retirar contenido que “atentase contra el honor de manera malintencionada” en hasta 48 horas después de la notificación de la víctima. Nuevamente, la ausencia de una orden judicial y el hecho de que el juicio sobre qué contenido se considera ofensivo o no quedaría a cargo de los proveedores de aplicaciones, en su mayoría pertenecientes a un contexto cultural distinto del brasileño, con un historial de errores en ese tipo de evaluación, dio margen a muchas críticas a la propuesta.

Como lo registró el programa Cámara Noticias, ese PL “recibió críticas de diversas entidades de defensa de los derechos de los usuarios de internet” debido al riesgo de “inhibir la libertad de expresión y generar censura”, y fue eliminado ya en la segunda versión del informe.

Algunas otras propuestas polémicas de ese proyecto de ley también se retiraron en la tercera versión del informe, como fue el caso de la cláusula que, con el objetivo de defender el derecho de autor, disponía que además de los contenidos que representasen copias integrales de contenido eliminado por orden judicial, también deberían eliminarse los contenidos que tengan una
“parte mayoritaria que reproduzca la infracción resultante del contenido eliminado por orden judicial”. La subjetividad de dicha afirmación (no se puede automatizar ese trabajo sin falsos negativos) conduciría a un escenario en el que plataformas que hospedan contenido de los(as) usuarios(as) tendrían nuevamente que ocupar el papel de juez, que no les cabe, para decidir si una cantidad creciente de contenido es o no parte mayoritaria de alguna otra obra.

El texto final de la propuesta, que se tramita en la Cámara de Diputados como PL nº 5203/2016 es, sin duda, mucho más equilibrado que la primera versión. Sin embargo, terminó convirtiéndose tan solo en una herramienta para la industria de los derechos de autor, además de un arma para censurar críticas, en vez de alcanzar una solución equilibrada para empoderar a las víctimas y reducir los crímenes de odio y contra el honor.

A partir de la experiencia brasileña con la CPICiber se puede concluir que los debates políticos en el poder legislativo sobre cómo lidiar con la grave cuestión de los discursos ofensivos, los llamados “discursos de odio”, terminan descarrilando. Los resultados fueron: propuestas con el único objetivo de responder a intereses de la industria, como el caso del refuerzo en previsiones del derecho de autor, que ni siquiera eran el asunto principal de esta CPI; propuestas que terminaron perjudicando derechos, como el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de todos los usuarios de internet; y estuvo muy lejos de tratar de abordar la cuestión central, que sería pensar en formas efectivas de proteger a las víctimas de este tipo de discurso y evitar que continúen ocurriendo. Si al menos la CPI hubiera escuchado a ciudadanos que de hecho sufrieron ese problema, o si hubiera prestado la debida atención a quienes se presentaron, se habrían propuesto proyectos de ley que al menos tratasen de lidiar con la falta de preparación de los organismos públicos responsables por lidiar con ese tipo de situaciones.

Experiencias como esta indican que se debe tener cuidado cuando la narrativa del discurso de odio es utilizada por el poder legislativo solo para mantener el statu quo de las asimetrías de poder o, peor aún, simplemente abrir espacio para más censura y control, a veces justamente de esos grupos que, por ser disruptivos, son más vulnerables al discurso ofensivo.